El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha activado este viernes por primera vez el mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado con el objetivo de evitar los precios bajos en origen una vez que se dan las condiciones previstas.

Los productores habían exigido su activación lo antes posible en esta campaña, ante el «hundimiento» de los precios en origen y el aumento disparado de los costes de producción, mientras que la industria ha rechazado una medida «que rompe el equilibrio de mercado» y recurrirá la norma que lo permite.

Situación actual

La producción de aceite de oliva ascenderá a 1,6 millones de toneladas esta campaña en España, un 23 % más que la anterior, según las primeras estimaciones del aforo, a lo que se suman unas 357.000 toneladas de existencias finales de la anterior campaña (+23 %).

Competencia advierte del riesgo de encarecimiento para los consumidores y la industria anuncia recursos

En el último mes los precios en origen han caído un 6 %, según el sistema de información Poolred, mientras que el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro (el virgen está a 2,8 euros), lejos de los 5 euros que se pagaban hace un año.

Normativa de aplicación

El pasado 30 de octubre, el MAPA publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma de comercialización del aceite de oliva que permite activar la retirada del aceite si el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción de esta campaña 2026-2027 alcanzan el 120 % de la media de la suma de las seis campañas anteriores.

La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios ha confirmado en su resolución que se cumplen dichas condiciones y ha fijado en un 12 % el porcentaje de aceite de oliva que deberá ser retirado hasta el final de la campaña.

Agricultura obliga a retirar el 12 % del aceite de oliva hasta el final de la campaña para contener la caída de precios

La normativa deriva de un decreto de 2021, basado a su vez en un reglamento europeo (artículo 167 bis) que prevé que los países productores de la Unión Europea puedan regular la oferta ante la previsión de una disponibilidad de aceite que pueda desestabilizar el mercado.

Precedente de la campaña anterior

En la campaña precedente de 2025-2026, el Gobierno publicó la norma de comercialización del aceite de oliva, pero no llegó a aplicar la retirada obligatoria de producto, ya que no se daban las circunstancias de una sobreoferta.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado la activación de ese mecanismo por los «riesgos» que plantea para la competencia y los consumidores, el posible encarecimiento del producto y la reducción de su variedad y calidad.

La industria envasadora ya presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la norma del periodo 2025-2026 y ha avanzado que volverá a hacerlo contra la de esta campaña, mientras que diversas organizaciones de productores han salido en su defensa porque protege al agricultor.

Diferencias con el almacenamiento privado

El procedimiento actual nada tiene que ver con las antiguas ayudas europeas al almacenamiento privado de diversos productos, entre ellos el aceite de oliva, que autorizaba la Comisión Europea.

El objetivo de esas ayudas era pagar el coste de dicho almacenamiento durante 180 días, limitando el impacto del exceso de oferta a corto plazo y una caída de los precios.

La producción prevista alcanza 1,6 millones de toneladas, un 23 % más que en la campaña anterior

Ese programa no estaba integrado en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) tras su reforma para el periodo 2024-2027, pero forma parte de las medidas de mercado de la UE.

La última vez que se empleó para el aceite de oliva fue en 2019, ante la alta disponibilidad causada por unas existencias iniciales «excepcionalmente elevadas», unidas a la incertidumbre del comercio exterior y los precios bajos.

En España se pagaron 26,9 millones de euros por el almacenamiento de casi 200.000 toneladas a lo largo de cuatro licitaciones.

A diferencia de entonces, el mecanismo actual de retirada es una medida tomada a nivel nacional y no por Bruselas; es más ágil pero no conlleva una compensación económica; y es obligatorio para las almazaras, frente a la anterior opción «voluntaria».